El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, reveló tras una amplia investigación se descubrió que Genaro García Luna encabezó una red de corrupción por cerca de 20 años, que ha dejado un daño al erario público de México por más de 745 millones de dólares.

La información se presenta en el marco del juicio que se lleva a cabo en el estado de Florida en contra de García Luna, mismo que, sorpresivamente, se ha dicho, finalizará antes de lo esperado, 6 a 8 semanas.

En conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF exhibió una lista de 8 personas relacionadas con el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón y con dicha red de corrupción, entre ellos su esposa y familiares.

Pablo Gómez explicó que dichos recursos fueron transferidos por García Luna y sus cómplices al extranjero, a través de paraísos fiscales, a fin de ocultar el rastro del dinero, el cual fue destinado para adquirir bienes muebles e inmuebles, entre ellos automóviles de lujo y otros activos en Estados Unidos.

“Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”.

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera #UIF, de la Secretaría de @Hacienda_Mexico, @PabloGomez1968, detalló la demanda civil que encabeza el gobierno mexicano en un juzgado de Florida, EE.UU., contra #GarcíaLuna y otros implicados, por una trama de corrupción…
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— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 9, 2023

UIF identifica contratos de la red de corrupción de García Luna

Pablo Gómez detalló que la UIF descubrió que a partir del conglomerado empresarial familiar que formó García Luna, éste obtuvo 30 contratos con instituciones públicas mexicanas para obtener recursos de forma ilegal.

“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”, sostuvo.

Explicó que los 30 contratos fueron expedidos entre 2009 y 2018, y las instituciones públicas que adquirieron los supuestos ‘servicios’ fueron la Policía Federal, la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la extinta Procuraduría General de Justicia (PGR ) de la Ciudad de México.

También señaló que son 44 las empresas beneficiadas con el dinero sustraído, entres las que se encuentran: Nunvav, Gull Holding Enterprises, Glac Security Consulting, Best Friends Midtown, entre otras.

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Denuncias ante el Tribunal de Miami, Florida 

Con el objetivo de recuperar este dinero desviado, Pablo Gómez dio a conocer que el Gobierno de México presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al estado de mexicano. 

Aclaró que este proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna actualmente en Brooklyn, Nueva York.

“Se hará todo el esfuerzo para recuperar el dinero del que se nos despojó como país y como pueblo”.

También señaló que la Corte de Florida aseguró inmuebles a García Luna por 21 millones de dólares, que fueron vendidos antes del inicio del juicio que se lleva a cabo.

Demandas ante la FGR

En cuanto a México, el funcionario indicó que los procesos penales siguen su curso y el Gobierno de México espera que abarque también los peculados y contrataciones indebidas, cometidos mediante redes de corrupción de García Luna durante 20 años, incluyendo los seis años del gobierno de Felipe Calderón, en que siguió operando la red.

También dijo que, en consecuencia a la demanda civil, se incluyó en la lista de personas bloqueadas que participaron “en esta confabulación” y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019, “por los hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero”, explicó Gómez.

“Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento. Estos recursos, producto de estos 40 contratos, que se van a dar a conocer todos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida”, abundó.

Personas involucrada en la red de corrupción

El funcionario federal explicó que entre los coacusados y demandados en el Tribunal de Florida se encuentra Linda Cristina Pereyra (esposa de García Luna), Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Reiteró que dichas personas, habrían utilizado las 44 empresas para realizar sus actos de corrupción.

“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción”, a través de “contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años, como ya se señaló”. 

Así descubrió la UIF la red de corrupción de García Luna

La UIF identificó que la red de corrupción de García Luna y sus familiares y empresas, a partir de una transferencia de una de las empresas involucradas a García Luna por monto de diez millones de dólares, por lo que se presentó una denuncia en el Tribunal undécimo circuito judicial en Florida para resarcir el daño generado.

Mediante esta denuncia, al avanzar el proceso, se involucraron en el juicio algunos bienes inmuebles que fueron vendidos previamente, pero que forman parte del proceso para seguir la trama de lavado de dinero. 

Entre los bienes se encuentran vehículos Roll Royce, Ferrari, GMC, Maserati, Audi, Lamborghini, Cadillac, Mini Cooper, Mercedes Benz y un Tesla, entre otros, todos de lujo, que fueron comprados con este dinero “defraudado al pueblo de México”.

El funcionario explicó que el gobierno mexicano ha bloqueado cuentas de García Luna por un monto de 29 millones de dólares, producto de esta trama de corrupción, pero, destacó que en la mayor parte las empresas y las personas involucradas en la trama, no tenían recursos en cuentas dentro del sistema financiero mexicano.

Agregó que hay 10 empresas ligadas a García Luna que tienen cuentas bloqueadas en México, por un monto de apenas 4.5 millones de pesos, pero que evidencian la trama de cómo se llevaban el dinero a Barbados y a Florida.

También, dijo, hay en lo individual una serie de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción por montos de algunos millones de pesos, “pero no en los niveles de lo que fue robado a México”. 

“Quiero dejar este asunto, estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de García Luna y empresas con el propósito que se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo”.