El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que serán liberadas las personas privadas de su libertad que se encuentran internas en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y que en diez años no han sido sentenciadas.

También serán liberadas las personas que fueron torturadas y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul; las y los adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves, informó el jefe del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa matutina indicó que estas cuatro acciones formarán parte de un decreto elaborado por la Secretaría de Gobernación que él mismo firmará. Se presentará y publicará en la primera semana de agosto.

Detalló que se seguirá un procedimiento simplificado; la liberación de las personas tiene como fecha límite el 15 de septiembre de 2021 y la Secretaría de Salud se encargará de realizar los diagnósticos médicos correspondientes.

“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. (…) La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita”, señaló.

¿Cómo va a estar una persona detenida por más de diez años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el poder judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación”, agregó.

12 mil 358 personas encarceladas podrían salir en libertad

El presidente AMLO indicó que el universo de personas que podría salir en libertad de cumplir con los puntos establecidos, serían 12 mil 358 personas encarceladas.

“Quienes no hayan sido sentenciados después de 10 años y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves, delitos sobre todo que tengan que ver con sangre, van a ser liberados. -Segundo, adultos mayores de 75 años, liberados, también que no hayan cometido delitos graves. -Tercero, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas graves van a ser liberados. -Y cuatro, los que hayan sido torturados y se pruebe con el Protocolo de Estambul que, en efecto, padecieron de tortura, liberados”, explicó. 

El mandatario nacional refrendó que el Gobierno de la Cuarta Transformación rechaza la tortura, acto que calificó como contrario a los más elementales derechos humanos.

“Queremos dejar claro que, como política de Estado, nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que va a quedar de manifiesto. (…) El Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura. Repudiamos la tortura, no queremos tortura en México. Se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta”, afirmó.

Recordó que en esta administración la Secretaría de Gobernación tiene una nueva función: la protección de los derechos humanos y de la justicia, ya no la del autoritarismo y la represión al pueblo de México como ocurría en gobiernos del pasado. 

94 mil 547 personas de 220 mil 114 encarceladas no han recibido sentencia

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que en el país hay un total de 220 mil 114 personas privadas de su libertad, de las cuales, 94 mil 547, el 43 por ciento, todavía no reciben sentencia.

La exministra expuso los casos de Israel Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín, casos emblemáticos de personas encarceladas que han denunciado tortura y que tienen más de diez años encarceladas sin una resolución. 

Recordó que el caso de Vallarta ha sido revisado desde septiembre del 2019, por instrucciones del señor presidente, desde la Secretaría de Gobernación, en la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia.

En el caso de Brenda Quevedo, explicó que fue detenida en septiembre del 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, que ella denuncia haber sido víctima de tortura en dos ocasiones: en el 2009, en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, y en el penal de las Islas Marías. Detalló que “actualmente continúa privada de su libertad, en prisión preventiva, también sin resolución, sin sentencia definitiva, en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil, en Morelos”.

El tercer caso, el de la persona indígena de Milpa Alta, María Isabel San Agustín, la secretaria de Gobernación aclaró que ya hay sentencia definitiva de 60 años, pero que ella alega tortura.

Destacó que el presidente López Obrador ha instruido que “en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura, y menos para la obtención de una confesión dentro del mismísimo penal”.  

Erradicar la práctica de la tortura por cualquier agente del Estado

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que sobre estos tres casos “en particular, el caso Israel Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín, que tienen un componente similar y que da cuenta de la actuación que la autoridad judicial, la autoridad que tiene que procurar la justicia en nuestro país está llevando a cabo en muchos casos en nuestro país, estos son casos emblemáticos”.

Resaltó que el objetivo es “erradicar la práctica de la tortura por cualquier agente del Estado en cualquier orden de gobierno, y sea la persona, cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad”.

Encinas Rodríguez señaló que la tortura “es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Y aquí, aplicados una vez los protocolos que han dado positivo en la comisión de tortura, el juez no debe dilatar una resolución para disolver las pruebas y sea puesto en libertad”.

Sostuvo que dejar en libertad a cualquier persona que haya sido víctima de tortura y castigar a los torturadores es una nueva política que está impulsando el actual gobierno desde su inicio.

Consideró que “hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para evitar delitos como la tortura y peor aún: en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables”.

El subsecretario de Gobernación agregó que como lo ha señalado el presidente López Obrador, “si queremos erradicar la tortura como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país, no podemos andar con medias tintas ni con duda”.

Dejó claro que esta es una nueva política que está impulsando desde el inicio de la actual administración, “en donde no solamente no se tortura el día de hoy por las autoridades federales, tenemos problemas en algunas entidades, en municipios, con agentes del estado, pero vamos a erradicarla profundamente”, concluyó.