Luego de dos días de debate, este jueves se reinició en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la votación sobre la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, sesión en la que el ministro Luis María Aguilar Morales retiró su proyecto, a fin de reconstruirlo en aras de llegar a un consenso con el resto de ministras y ministros, y en favor de los derechos humanos, destacó.

En sesión de la Suprema Corte, el ministro ponente explicó que tras escuchar los diferentes posicionamientos de sus compañeros y compañeras de la Corte, es que propone elaborar un nuevo documento recogiendo sus opiniones.

“He escuchado con atención y en respetuoso silencio todas las opiniones y consideraciones de las ministras y los ministros (…) celebro, como siempre lo he hecho, el debate abierto, transparente y plural que estamos llevando a cabo, pues esta es precisamente la labor de un auténtico tribunal constitucional en una democracia”.

En este sentido, destacó que la “deliberación colectiva es la mejor manera, sino es que la única forma legítima de construir toda decisión judicial que involucre los derechos humanos de todas las personas”.

Al defender su proyecto, Aguilar Morales afirmó que en el Pleno hay una mayoría unánime de que la prisión automática es contraria a los derechos humanos.

“En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello reconstruir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas”, argumentó el ministro.

Asimismo, aclaró que con su proyecto “no se ha propuesto la invalidez del artículo 19 Constitucional, de ninguna manera y no por razón”, sino por el contrario, proponía comparar dicho artículo con el primero, donde se plantea que se deben de respetar todos los Derechos Humanos reconocidos por México, sin importar la fuente.

“En mi propuesta, que sometí a su consideración, únicamente propuse una interpretación constitucional para proteger los derechos de las personas, sobre todo de las más pobres y vulnerables que la mayoría de las veces no tienen acceso a una defensa adecuada”.

Reiteró que su propuesta nunca planteó la desaparición de la prisión preventiva ni la liberación inmediata de las personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva.

“Insisto y reitero, como ya lo hice desde mi primera intervención, que bajo ninguna forma y bajo ninguna consideración, la interpretación constitucional que propuse significaría la desaparición de la prisión preventiva, ni la liberación inmediata de las personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva oficiosa; tampoco el proyecto afirma o propone que serán simplemente los operadores los que decidirán cada caso”.

Detalló que “lo que se propuso fue activar el mecanismo de revisión de medidas cautelares, previsto expresamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 161 y siguientes, de modo que de ninguna manera se generaría un escenario de incertidumbre y que en todo caso, habría de ser todavía analizado y definido por este tribunal pleno, en los efectos de la resolución”.

Expuso que de acuerdo a datos estadísticos oficiales de la Secretaría de Seguridad y los aportados por organizaciones civiles, el 65 por ciento de las personas que se encuentran en situación de prisión preventiva oficiosa no cuentan con estudios superiores a los de secundaria, y más del 50 por ciento de las personas privadas de su libertad son menores de 35 años de edad,

“En su conjunto, estos datos estadísticos nos dejan ver una cruel realidad, que más de la mitad de las personas que se encuentran en prisión preventiva son jóvenes con estudios incompletos”. 

Por lo anterior, el ministro Luis María Aguilar consideró que esta lamentable situación se agravaría al “condenar en forma anticipada a estos jóvenes, impidiéndoles seguir con sus estudios, con su trabajo y hasta destruyendo familias enteras”. 

Resaltó que la “prisión preventiva oficiosa castiga a las personas más vulnerables de México” y que se tiene “una deuda histórica con estos sectores discriminados, no podemos condenarlos anticipadamente, sin juicio previo y sin la posibilidad de defensa”.

Tras el anuncio del ministro Aguilar Morales, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, dio por retirado el proyecto a fin de dar paso a una nueva propuesta. 

“Será presentado en el momento en que el señor ministro ponente considere que tiene ya todos los elementos para que se pueda ver la nueva propuesta”.

¿Qué proponía el proyecto del ministro Luis María Aguilar?

El pasado 5 de septiembre, durante la presentación del proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, el ministro Aguilar Morales señaló que es violatoria de Derechos Humanos, como lo son la presunción de inocencia y la libertad personal.

Insistió en que, con el proyecto, únicamente se estaría declarando como inválida la medida cautelar, estableciendo que ésta aún puede ser utilizada en su modalidad justificada.

“No se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca, sino que conforme señala el Artículo 19 constitucional, dicha medida únicamente podrá ser dictada por el juez correspondiente siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones”.

El ministro también explicó que cuando la prisión preventiva es oficiosa, es una manera de dictar una sentencia antes de que haya una investigación y un juicio, además de que en ocasiones es utilizada de manera obligatoria y no de forma excepcional

“Cuando la prisión preventiva es oficiosa o automática, se ocasiona una serie de efectos adicionales nocivos que no deberían de ser tolerados, creo yo, por un Estado que se declare democrático”.

Durante las primeras discusiones de las y los ministros, se decidió que la votación sobre el proyecto fuera aplazada para este jueves, 8 de septiembre, luego de que 7 de los 11 ministros se posicionaron en contra de aplicar la prisión preventiva es oficiosa, al considerar que es labor del Poder Legislativo modificar la constitución mientras que ellos se deben de limitar a interpretarla.
Cabe mencionar que el proyecto propuesto por Aguilar requería de una mayoría calificada de 8 votos para que la medida cautelar fuera declarada inconstitucional.