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FGR dio a conocer versión pública de la denuncia contra Ricardo Anaya

La Fiscalía señala que Ricardo Anaya recibió un soborno de 6 millones 800 mil pesos para votar a favor de la Reforma Energética

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A través de un documento oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho; Marcelo Odebrecht; Luis Alberto de Meneses Weyll y Luis Weyll, declararon ministerialmente en Brasil que a partir del año 2012 buscaron contratos en operaciones sustantivas de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que para ello entregaron sobornos a Emilio Lozoya, entonces director de la paraestatal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un primer pago por 10 millones de dólares, a fin de garantizar el control sobre esa producción petrolera. 

La FGJ publicó el documento en sus redes sociales, en el que informa que Ricardo Anaya, cuando era diputado del Partido Acción Nacional (PAN), recibió un soborno de 6 millones 800 mil pesos para que votara a favor de la aprobación de la Reforma Energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

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Detalla que la información se desprende de la denuncia de Emilio Lozoya de 2020 sobre el caso Odebrecht, en la cual el exdirector de Pemex (Petróleos Mexicanos) señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar el monto a Ricardo Anaya para que éste votara a favor de la Reforma Energética, y favorecer a empresas extranjeras. 

También se lee que según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto Gallardo; misma cantidad que le entregó a Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

Se señala que Anaya votó por la reforma porque en el “Diario de Debates de la Cámara de Diputados”, donde se aprobó la Reforma Constitucional en materia Energética, quedó constancia de que el excandidato presidencial realizó su voto a favor de la misma.

En el texto, la FGR explicó que los testigos Miguel Pérez (chofer de Lozoya) y Froylán García (excolaborador) dijeron que presenciaron diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya, en la Dirección General de Pemex, lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales.

“La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.

“Todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales son de dominio público”, se lee en el documento.

 “De conformidad con los artículos 212, 261, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala que, en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al juez de Control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”, concluye.

Responde Ricardo Anaya a la FGR

La respuesta de Ricardo Anaya a la Fiscalía General de Justicia no se hizo esperar tras la publicación de la versión pública de la denuncia en su contra. Su opinión en redes sociales incluye tres puntos con los que a su decir, la FGR es incompetente:

1.Mi voto fue 8 meses ANTES de la SUPUESTA entrega, no después.

2.Yo llevaba 6 meses de NO ser diputado cuando la SUPUESTA entrega.

3.¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!”, escribió en su mensaje.

Economía

“Ya están aceptadas las condiciones para la venta de Banamex”: AMLO

El presidente AMLO destacó que tras la venta de Banamex se busca que el patrimonio cultural del banco permanezca en México

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay dos interesados en la compra de Banamex, además de que ya están aceptadas las condiciones: que los compradores sean mexicanos al corriente en el pago de sus impuestos y que el patrimonio cultural del banco permanezca en el país.

López Obrador indicó que uno de los compradores es Germán Larrea, director ejecutivo de la empresa minera Grupo México, mientras que el otro es Daniel Becker Feldman, director ejecutivo de Banca Mifel.

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“Queremos que sean mexicanos porque ya prácticamente no hay bancos de mexicanos”, insistió el mandatario. Además, recordó que durante el periodo neoliberal se entregaron bancos a extranjeros, lo cual generó elevadas utilidades, por lo que ahora se busca que las utilidades permanezcan en México

Sobre el pago de impuestos derivado de la compra de Banamex, el mandatario aseguró que se hará el correspondiente avalúo, aunque consideró que estará sobre los ocho millones de pesos

En el mismo tema, López Obrador destacó que se investigará si se hizo el correspondiente pago de impuestos por la venta de su licencia para operar en México por parte de Deutsche Bank a Citigroup.

Para finalizar, durante su conferencia de prensa matutina el mandatario informó que no hay planes de usar el crédito por 50 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional concedió a la nación.“Es algo que da tranquilidad a inversionistas, a quienes invierten en México, saben que no hay ningún problema en nuestro país en lo financiero, estamos muy bien”, concluyó.

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Con redacción de Tania Ávila

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Internacional

Presidente AMLO y Gustavo Petro replantearán política antidroga

AMLO y Gustavo Petro también dialogarán la posibilidad de un proyecto de interconexión eléctrica entre ambas naciones

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo colombiano Gustavo Petro Urrego, en lo que será su primera visita oficial a México.

Posteriormente, en sus redes sociales, López Obrador resaltó la hermandad existente entre los pueblos mexicanos y colombianos.

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Por parte de México, estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida la secretaria de Economía Raquel Buenrostro Sánchez y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón.

La comitiva colombiana está integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y de Comercio, Germán Umaña Mendoza, y de la jefa de Gabinete Presidencial, Laura Sarabia Torres.

A su llegada al país, Gustavo Petro informó que uno de los temas para discutir con el presidente López Obrador sería la necesidad de un cambio en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica, pues la estrategia imperante desde hace 50 años por Estados Unidos ha sido, en su opinión, un fracaso.

“¿Por qué los países latinoamericanos no nos hemos reunido a hablar sobre lo que está impactando en nuestros países, por qué tenemos que aceptar una política fracasada que nos está matando?”, cuestionó.

En su agenda de temas, el presidente colombiano incluyó el inicio de un plan de trabajo conjunto entre ambos países en materia de interconexión eléctrica por medio de energías limpias.

La visita de Gustavo Petro a México se realiza tras la cancelación de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual se celebraría estos días en el país. No obstante, durante la semana el presidente López Obrador se reunió con sus homólogos Gabriel Boric, de Chile, y Guillermo Lasso, de Ecuador para discutir las relaciones existentes entre las naciones.

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Con información de DW y El Financiero

Con redacción de Tania Ávila

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Noticias

SCJN elimina prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales

La SCJN indicó que los delitos fiscales no son amenazas a la seguridad nacional por lo que prisión preventiva oficiosa es inconstitucional

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como para los demás delitos relacionados a comprobantes fiscales.

Durante su sesión del jueves, la Suprema Corte invalidó el artículo 167 párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 5 fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional, donde el contrabando y la defraudación fiscal se consideraban “amenazas a la seguridad nacional”.

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El ministro Javier Laynez consideró inconstitucional la denominación al igual que la ministra Norma Piña, quien afirmó que “no cualquier actividad delictiva que afecte a la sociedad puede ser catalogada como amenaza a la seguridad nacional”.

Por lo tanto, el pleno de la Suprema Corte determinó que los delitos fiscales no se pueden catalogar de delincuencia organizada, por lo que no se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa, como establecía la norma presentada en 2019.

Por otro lado, la parte del proyecto que pretendía cambiar la interpretación de la prisión preventiva oficiosa para dejar de considerarse como obligatoria fue rechazada al no alcanzar la mayoría calificada para su aprobación.

Al respecto, el ministro Luis María Aguilar propuso en septiembre de este año que los casos se analizaran de forma individual para que los jueces otorgaran prisión preventiva oficiosa cuando amerite, en lugar de ser impuesta de manera inmediata y obligatoria como indica el artículo 19 de la Constitución.

El presidente del máximo tribunal Arturo Zaldívar y los ministros Jorge Pardo, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz y Javier Laynez votaron en contra de esta propuesta, ya que “podría causar confusión con la prisión preventiva justificada”.

“No se trata de inaplicar la Constitución o de tomar un papel constituyente que no tenemos, se trata de interpretar entre dos normas constitucionales cuál vamos a preferir y a mí me parece que, frente a esta contradicción evidente, tenemos que preferir aquella norma que favorece más a la persona”, indicó el ministro Zaldívar.

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Con redacción de Tania Ávila

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