Las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo sobre la subcontratación significan logros en beneficio de las y los trabajadores, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar que este viernes, 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma que regula el outsourcing.

Dijo que los cambios aprobados en el Poder Legislativo ponen punto final a los abusos que se cometían en el llamado outsourcing y establecen reglas claras, sin ambigüedades, a esta modalidad.

Destacó que esta reforma también garantiza el cumplimiento de prestaciones como el reparto de utilidades que, con base en la reforma al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, aumentarán de 2.8 a 7.7 por ciento; es decir, la distribución pasará de 56 mil millones de pesos a 157 mil millones de pesos.

“Esto es justicia laboral, por eso considero que es un muy buen acuerdo, una muy buena noticias. Por eso agradecerles a los representantes del sector obrero y de manera muy especial a los representantes del sector empresarial por esta actitud solidaria de ayudar a que tengamos crecimiento con bienestar, progreso con justicia, que el desarrollo de México beneficie a todos. Queremos la modernidad del país pero forjada desde abajo y para todos”, enfatizó.

El mandatario nacional indicó que este mismo viernes se publicarán las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, explicó que a partir de ello las empresas contarán con un plazo de 90 días para regularizarse, por lo que antes de agosto se aplicará la ley vigente.

“A partir de ese reconocimiento es que para el siguiente reparto de utilidades (en 2022) serán partícipes (las y los trabajadores) de ese derecho”, acotó.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo anunció que en el gobierno federal también se acabará la subcontratación de personal y solo se admitirá cuando se requieran servicios especializados.

Resaltó que la reforma es producto del diálogo entre el gobierno federal y los sectores obrero y empresarial.

“Yo comentaba que se envió la iniciativa original a la Cámara de Diputados y como no se tenía consenso de las partes se decidió aplazar su discusión y en su caso la aprobación de esta reforma. Se habló con los legisladores y se abrió un proceso de consulta hasta que se llegó a un buen acuerdo”, recordó.

El acuerdo se suma a otros avances en materia laboral, como la democracia sindical, el aumento de más de 40 por ciento al salario mínimo, el incremento del monto de las pensiones de las y los trabajadores mediante una mayor aportación de los empresarios, y las reformas a la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que dan a los derechohabientes libertad de decisión sobre sus créditos.

“Ahora se logra esto, que es hacer a un lado la simulación, la subcontratación que en casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores, sus prestaciones, por eso en diciembre, sin motivo alguno (…) se despedía a 300, 350 mil trabajadores. Se terminaban los contratos y luego se les volvía a contratar para no pagarles aguinaldos y otras prestaciones”, apuntó.

Detalló que la reglamentación beneficiará los ingresos a la Hacienda pública debido a que algunas empresas que recurrían a la subcontratación nociva evadían el pago de impuestos, al tiempo que fomentaban la violación de los derechos de las y los trabajadores, la afectación a los institutos de seguridad social y la competencia desleal.

La titular de la STPS expuso los puntos fundamentales de la reforma en materia de subcontratación. En primer lugar, se prohíbe la subcontratación de personal. Las empresas deberán de transferir y reconocer como trabajadores propios a quienes realizan las actividades principales de sus actividades económicas preponderantes.

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Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no forman parte de la actividad económica preponderante. Las empresas que decidan prestarlos deberán estar registradas en un padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo con previa acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social y fiscales.

Las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a las y los trabajadores en cualquier caso de incumplimiento.

Para evitar la simulación y defraudación fiscal se homologarán los criterios del Código Fiscal de la Ley del ISR y del IVA con la Ley Federal del Trabajo para que no existan lagunas legales.

Finalmente, se reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que en el gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal. Iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la Administración Pública Federal para regularizar a trabajadores subcontratados.

Acompañaron al presidente, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda; el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez; el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fernando Salgado Delgado y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.