Por: Alberto Schneider

Eran las 2:30 de la madrugada del 6 de enero de 2015 cuando el centenar de integrantes del grupo G250 de la Fuerza Rural, jornaleros y familiares –incluyendo niños–, fue atacado por la Policía Federal con armas de grueso calibre. Estaban desarmados, en plantón frente al Palacio Municipal de Apatzingán por la decisión de disolver al grupo, creado casi un año antes, y para exigir el pago de sus salarios. Se desconoce el número de muertos y heridos.

Al día siguiente, cuando los federales transportaban hacia Morelia a personas detenidas, algunas heridas y sin atención médica, junto con los vehículos decomisados, fueron perseguidos por integrantes de la Fuerza Rural y familiares de las víctimas, armados con palos. Al ser alcanzados, los policías abrieron fuego con balas expansivas y una ametralladora M-60, según cuenta Laura Castellanos en su reportaje “Masacre de Apatzingán. Fueron los federales”.

La “verdad histórica” de esa brutalidad, por boca de su autor y responsable, Alfredo Castillo Cervantes, fue que la policía repelió el ataque directo con armas de alto poder. El saldo oficial de los dos días: 8 muertos, 1 atropellado y 44 detenidos, todos presuntamente de la Fuerza Rural. Del segundo ataque, aseguró que se trató de fuego amigo entre los mismos integrantes de la Fuerza Rural. Al final, las autoridades federales iniciaron investigaciones únicamente por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza y reconocieron ejecuciones extrajudiciales; 6 policías federales fueron encarcelados. Testimonios de testigos directos, de personal de servicios médicos, forenses y otros, recogido en ese valiente reportaje, dan cuenta de un número mucho mayor de muertos, algunos ejecutados, y un número indeterminado de heridos y desaparecidos; hubo heridos graves a quienes la policía impidió atención médica o que no fueron llevados al hospital que está en la misma calle de los hechos, sino a Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora o Morelia. Murieron en el camino.

El Virrey

Después de haber sido Procurador de Justicia en el estado de México –premio por su “investigación” del Caso Paulette como subprocurador– y luego Procurador Federal del Consumidor, en enero de 2014 Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado por el presidente Peña Nieto Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, con amplísimos poderes, al grado que removió al Secretario de Seguridad Pública Estatal y al Procurador con la sumisión total del gobernador. A sus órdenes también quedaron las fuerzas federales en la entidad, incluyendo a la Policía Federal.

Su encomienda era acabar con Los Caballeros Templarios, organización que aglutinó a los grupos criminales que controlaban el estado y a la que fortalecido García Luna cuando anunció la muerte El Chayo, su principal líder, quien siguió vivo hasta 2014. Su segundo objetivo era institucionalizar a las llamadas Autodefensas, para lo que creó las fuerzas rurales.

Un año antes, ciudadanos organizados representantes de al menos 33 municipios del estado se reunieron y acordaron constituirse en Consejo General Autodefensas para luchar contra los criminales que asolaban sus comunidades, tanto Templarios como grupos de Jalisco y Zetas, y que les disputaban territorios. En una de esas reuniones, se presentó un grupo. Sin empacho, su líder ofreció su respaldo total a cambio de que se le permitiera el saqueo de toda población que liberara. Por supuesto fue rechazado y expulsado; incluso se encendieron los ánimos pues él y su grupo eran señalados como parte de los Templarios. Se trataba de Los Viagras, grupo compuesto por los siete hermanos Sierra Santana y sus hombres, que mantuvieron su alianza con los Templarios.

La organización de Autodefensas fructificó. En menos de un año expulsaron a los criminales de sus municipios y habían avanzado hacia otros territorios con el auxilio de comunidades que se sumaron a la lucha, a veces apoyados con información y logística, de manera no oficial, por algunos mandos militares en la región.

Poco importaron las advertencias y las evidencias presentadas a Castillo. Protegió, armó y pertechó a Los Viagras y los convirtió en Fuerza Rural, el G250, la figura legal que los reconocía como elementos de seguridad pública, con tareas de apoyo al combate contra los Caballeros Templarios. Lo mismo hizo con Luis Antonio Torres, El Americano, vinculado con El Mencho, un michoacano que había huido a Jalisco por el levantamiento y que pronto se convertiría en el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Otro caso es el de Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, se dedicó a apoderarse de huertas de limón.

Desde su llegada Castillo se enfrentó con Juan José Mireles, uno de los fundadores y principal vocero de las Autodefensas, y con Hipólito Mora, otro de los líderes destacados. Mireles fue encarcelado por Castillo por la posesión de armas que él mismo le dio y sufrió un atentado contra su vida. Mora fue encarcelado por el homicidio de su propio hijo, crimen cometido por El Americano, quien días antes de esta masacre había atacado al grupo de Hipólito Mora matando a otras 10 personas. Videos difundidos ese día demuestran la connivencia de la PF en el ataque. El Americano llegó a ser jefe de plaza del CJNG en Colima hasta 2018, cuando fue asesinado.

En abril de 2015, Castillo dejó la Comisión y el estado de Michoacán. Fue premiado como titular de Conade, con Olimpiadas incluidas, hasta que fue acusado de corrupción e inhabilitado en 2018. La violencia en Michoacán no sólo no cesó, sino que se incrementó. Los Viagras y otros grupos mantienen hasta la fecha una lucha feroz contra el CJNG.

¿Por qué, entonces, la Policía Federal atacó a quienes los habían ayudado a combatir a los Templarios? No hay respuesta. Lo único que lo explica es la traición y la impunidad de una autoridad civil, del más alto nivel, sin escrúpulos ni límites: Alfredo Castillo, el Virrey, como le decían en Michoacán. La Policía Federal, dirigida por Enrique F. Galindo Ceballos –hoy presidente municipal de San Luis Potosí– y éste bajo las órdenes de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, fue responsable de múltiples masacres con cientos de víctimas porque así se le ordenaba con total impunidad. Cinco meses después comete otra masacre en Tanhuato, 42 muertos, 22 de ellos, ejecutados a mansalva.

Necesidad de Estado

No hay ninguna evidencia de que las policías civiles sean más respetuosas de los Derechos Humanos que los militares. No es el carácter, civil o militar, lo que determina el comportamiento de cualquier fuerza armada; son los valores que la constituyen, la doctrina que la orienta, la disciplina con la que se conduce y, sobre todo, la convicción de quien la manda y las órdenes que emite.

Todas las masacres y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en México fueron ordenadas por autoridades civiles, todas.

Hasta 2018, la historia de la presencia militar en las calles como fuerza represiva es la historia de la violación a la Constitución y a los Derechos Humanos por cada uno de los presidentes que la ordenaron sin ningún sustento legal. La historia de la Policía Federal es, también, la historia de la violación impune de Derechos Humanos. Ambas son la historia de la impunidad estructural, construida desde el gobierno, la procuración y la administración de justicia, el gran empresariado, los medios de comunicación y un sinnúmero de organizaciones de la “sociedad civil”, que sólo obtuvieron recursos y privilegios.

Con Peña Nieto hubo otras masacres como las de Tlatlaya, Ayotzinapa, Villa Purificación, Ostula, Nochixtlán y Nuevo Laredo.

Ni qué decir del horror de la gestión de Felipe Calderón, cuyo Secretario de Seguridad Pública no sólo protegía las operaciones del Cártel de Sinaloa, sino que empoderó a Los Zetas y controló la industria del secuestro a nivel nacional mediante la Policía Federal. Quienes hoy claman no a la militarización, entonces aplaudían.

En contraste, desde 2018 ninguna fuerza federal ha cometido ningún crimen comparable y en todos los casos de abusos sus autores han sido procesados. La transformación también llegó a las fuerzas armadas; hoy tenemos a un general en prisión, archivos e instalaciones abiertos, un escrutinio que nunca se había tenido.

Me extendí en este caso porque considero que exhibe el grado de descomposición institucional al que nos condujo la política de los tres gobiernos anteriores y el costo humano que se ha tenido que pagar. Crear un cuerpo nacional capaz de enfrentar a esos grupos criminales, que incrementaron exponencialmente su poder de fuego y cooptación mientras se les “combatía”, exige de la disciplina, la doctrina y el mando operativo militar; hasta hoy la guardia Nacional ha demostrado que se necesita para construir la paz, no en balde 80.9% de la población le tiene confianza.

La estrategia y las decisiones de política de seguridad siguen estando bajo el control y responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, por ende, del Presidente de la República, quien asume plenamente la responsabilidad de la seguridad pública como una necesidad de Estado. Lo hace con sustento jurídico, con una doctrina que enfatiza el respeto a los Derechos Humanos y aprovechando recursos humanos y capacidades ya existentes. Lo hace, también, con una política claramente definida, una estrategia única y novedosa, que vincula la atención de causas estructurales con una fuerza disuasiva capaz de abarcar el territorio nacional. Las claves de su éxito están en consolidar su eje articulador: los gabinetes de Construcción de Paz, y el trabajo real y comprometido de los gobiernos estatales con sus policías.