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Cisen y PGR espiaron al menos a 25 periodistas en sexenio de Peña Nieto

Más de 15 mil personas, entre ellas al menos 25 periodistas, fueron espiados por tres dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto

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Más de 15 mil personas, entre ellas al menos 25 periodistas, fueron espiados por tres dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reveló una investigación del Pegasus Project, que involucra a más de 17 medios, -incluido Proceso y Aristegui Noticias- de 10 países,  y coordinada por Forbidden Stories y el Security Lab de Amnistía Internacional. 

El espionaje fue posible gracias al malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, y que con un simple mensaje puede infectar cualquier teléfono celular tomando el control completo, desde mensajes, imágenes, videos, geolocalización así como usar el acceso en cualquier momento a la cámara y micrófono integrados. Según la investigación, tanto el Cisen como la Sedena usaron a Pegasus sin autorización judicial.

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Entre las y los periodistas espiados por el gobierno de Peña Nieto se encuentra Cecilio Pineda Brito, de la región de Tierra Caliente, en Guerrero, quien fue asesinado semanas después de que una de las agencias estatales involucradas ingresara su número celular en la plataforma Pegasus, no obstante, la investigación no ha aportado pruebas que relacionen ambos hechos entre sí. 

“Durante un año y medio, agencias de gobierno de Peña Nieto registraron, en promedio, más de 33 objetivos de ciberespionaje al día, a un ritmo varias veces mayor al de regímenes autoritarios como Arabia Saudita, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Ruanda, India, Azerbaiyán, Hungría o Kazajistán, que también fueron clientes de NSO Group”, refiere el reportaje publicado en Proceso. 

Te puede interesar: En 2018, Peña espió a círculo cercano de AMLO, incluido su cardiólogo

Asimismo, el gobierno de Peña Nieto espió al periodista Javier Valdéz, asesinado en mayo de 2017 en Culiacán, y quien fuera fundador de la revista Río Doce. Días después de este hecho, los directores Editorial y de Información de la revista, Ismael Bojórquez y Andrés Villareal; así como Alejandro Sicairos y Griselda Triana, fundador y esposa de Valdéz, aparecieron en la plataforma del malware usado para el espionaje gubernamental. 

Entre los y las periodistas espiados por Peña se encuentran también los integrantes de la revista Proceso: Rafael Rodríguez Castañeda, entonces director del semanario; Jorge Carrasco, en ese entonces reportero y hoy director del medio; Alejandro Caballero, ex coordinador del sitio web; y los reporteros Arturo Rodríguez Castañeda, Álvaro Delgado y Jenaro Villamil, este último hoy funge como titular del Sistema Público de Radiodifusión Mexicana (SPR). 

La fundadora de la Red Periodistas de a Pie, y también colaboradora de Proceso, Marcela Turati, también se encuentra en la lista de periodistas espiados durante el gobierno de Peña Nieto, así como la cofundadora de Quinto Elemento Lab, Alejandra Xanic. Se suman a ésta Ricardo Raphael, columnista de El Universal; la conductora Yuriria Sierra; y Luis Hernández Navarro, editor en La Jornada. 

En publicaciones anteriores, ya se daba cuenta del espionaje a periodistas, activistas, políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros, como la periodista Carmen Aristegui y su hijo, entonces menor de edad; así como Sebastián Barragán y Rafael Cabrera, integrantes de Aristegui Noticias, y quienes expusieron el caso de corrupción conocido como la Casa Blanca. 

Anteriormente se había documentado que el espionaje a través de Pegasus involucró entre las víctimas a los promotores del impuesto al refresco, para combatir la diabetes, Alejandro Calvillo, Simón Barquera y Luis Encarnación. 

Con información de Proceso

Economía

Revela AMLO su intención de comprar el 51% de las acciones de Banamex

En enero de este 2022 la empresa Citigroup anunció la venta de Banamex

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que planeó que el Gobierno federal adquiriera el 51% de las acciones del banco Banamex, y que el resto pudieran quedarse con privados, pero que declinó la decisión por considerar que al final de su mandato no podría consolidar un banco con capital público y privado.

“¿Por qué no lo hicimos? Porque ya no tengo tiempo, ya que participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto, con participación mayoritaria del gobierno, tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios”.

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Durante su conferencia de prensa matutina, reveló que otro factor que tomó en cuenta para no realizar la compra de dicho banco fue porque la oposición en nuestro país acusaría estatismo, populismo y comunismo de su gobierno.

Cabe recordar que en enero de este 2022, la empresa Citigroup anunció la venta de su negocio de banca de consumo y empresarial en México a través de Banamex, llamado al que se refirió el presidente López Obrador. 

Al respecto, el mandatario nacional comentó que estaba al tanto de que el pasado 4 de agosto, un juez en materia civil de la Ciudad de México suspendió el proceso de venta del Banco Nacional de México (Banamex), debido a una demanda de la empresa Oceanografía por un supuesto quebranto de 5 mil millones de dólares. No obstante, el presidente de la República confió en que no se detendrá el proceso de venta y compra de Banamex en México, ya que eso implicará el pago de impuestos al gobierno por la operación.

“Tengo información de que sí existe este amparo, pero todos los especialistas en derecho sostienen que no hay fundamento y que el Poder Judicial no va a detener el proceso de compra-venta de Banamex; eso continúa, tengo información, su curso normal, se está avanzando, es muy bueno para el país, porque ya aceptaron los que están vendiendo, en este caso Citigroup, que tengan preferencia los inversionistas mexicanos. Fue una de las sugerencias nuestras, que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos”, planteó.

Reiteró su sugerencia para que el patrimonio cultural de Banamex quede en posesión del gobierno, que se pague el impuesto por la venta y que el banco quede en manos de inversionistas mexicanos.

“Se trata de una operación entre particulares, pero va bien, si hay este amparo y están aprovechando las circunstancias para avanzar en sus denuncias o en las querellas que existen”, indicó.

El presidente también expresó en su momento, que lo mejor sería que Banamex quede en manos de mexicanos con solvencia suficiente para adquirirlo, a fin de que se quede en el país.

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Economía

Banco del Bienestar con potencial para ampliar oferta de servicios financieros en el largo plazo: AMLO

El presidente López Obrador reiteró que para el 2023 el Banco Bienestar sumará casi 3 mil sucursales

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Banco del Bienestar tiene las herramientas necesarias para ampliar en el futuro la gama de servicios financieros en beneficio del pueblo de México.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal resaltó que la recepción de remesas, el pago de la nómina a las y los maestros e incluso la consolidación de una aseguradora podrían ofertarse a largo plazo en esta institución financiera del Estado.

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Dijo que por el momento el objetivo principal es distribuir recursos de los Programas para el Bienestar a la población derechohabiente, principalmente la que habita en zonas rurales. El año próximo se dispersarán casi 600 mil millones de pesos; este año se destinan hasta 275 mil millones de pesos y la cantidad irá en aumento.

El mandatario nacional reiteró que la red del Banco del Bienestar se integrará por 2 mil 700 sucursales y las antiguas sedes de Bansefi se incorporarán, lo que representa un total de 3 mil oficinas.

“El banco que tiene más sucursales cuenta con mil 300 y el Banco del Bienestar va a tener tres mil el año próximo. La gente, para cobrar lo que por derecho les corresponde —sus pensiones, las becas de los jóvenes—, no va a tener que trasladarse lejos porque ahora algunos tienen que tardar hasta dos, tres horas para ir a una sucursal”.

El reto del Gobierno de México en la consolidación del Banco del Bienestar, dijo, es la instalación de internet, sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de la edificación de las sucursales, en garantizar el servicio.

“Vamos a tener esta red para todo el país con sistemas de comunicación; nos está ayudando la Comisión Federal de Electricidad porque vamos a utilizar sus líneas, sus torres para el internet y conectar los Bancos del Bienestar”.

Asimismo, mencionó que la meta es afianzar el Banco del Bienestar antes de que concluya el sexenio.

“Se necesita consolidar la operación, por eso tenemos que terminar a mediados del año próximo para tener un año de fortalecimiento”, abundó.

Reconoció la participación de los ingenieros militares en este proyecto estratégico en cabeceras municipales y pueblos apartados, que contarán con, al menos, una sucursal.

“¿Saben cuánto cuesta una sucursal del Banco del Bienestar construida y equipada? Tres millones 500 mil pesos porque las están haciendo los ingenieros militares y se están haciendo con honestidad”.

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Noticias

Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro Moreno por posible enriquecimiento ilícito

El fiscal Renato Sales aclaró que la solicitud no se relaciona con los audios dados a conocer por la gobernadora de Campeche, sino por posible enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados que le retire el fuero al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, a fin de poder procesarlo por posible enriquecimiento ilícito.

Este martes, en conferencia de prensa, Renato Sales, fiscal del estado, informó sobre dicha solicitud, que fue recibida por el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, del partido Morena.

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“Acaban de presentar, hace unos momentos, una solicitud en términos de este escrito la declaratoria de procedencia en relación con Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de proceder en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”, dijo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Aquí no hay nada personal, es una investigación ministerial”, explicó el fiscal Sales a periodistas y representantes de medios de comunicación, y también dijo que la pena por enriquecimiento ilícito puede ser de hasta 25 años de prisión, que varían de acuerdo con el monto de recursos involucrados en el delito.

Además aclaró que esta solicitud no se desprende de los audios que ha dado a conocer la gobernadora Sansores, sino de una investigación realizada por el Ministerio Público y de la orden de cateo a una casa del dirigente nacional del PRI, el pasado 4 de julio.

“Los audios no forman parte de la carpeta de investigación; esta tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada con enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste? En la desapropiación entre los ingresos que devenga el servidor público en sus distintos cargos y las propiedades que ostenta como dueño”.

Asimismo, comentó que un dictamen pericial señala que la mansión cateada está valuada en más de 130 millones de pesos, misma que fue construida cuando era gobernador de Campeche entre 2015 a 2019. A esto se suma que en la propiedad encontraron cuadros y piezas artísticas con valor de más de 50 millones de pesos.

Hay que recordar que la Fiscalía General de Campeche ha realizado inspecciones a inmuebles que son propiedad de Alejandro Moreno, como parte de su investigación.

En respuesta a estos hechos, el priísta afirma que estas acciones buscan afectar tanto a él como al bloque opositor formado por el PRI, el PAN y el PRD, y aseguró que está dispuesto a dar su vida por México .

“Estoy dispuesto a todo, hasta dar mi vida, por defender a México y no permitir que instauren una dictadura”, declaró en un video publicado en sus redes sociales.

Cabe recordar que en semanas pasadas, “Alito” Moreno acusó al fiscal del estado y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de desplegar “una persecución política” en su contra.

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