Al encabezar la presentación de un informe sobre el contenido de la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que los objetivos principales son garantizar a las familias precios justos por el servicio de uso doméstico de la electricidad, para para impulsar el desarrollo de México y para proteger bienes de la nación, como el litio, que es considerado un mineral estratégico para el desarrollo.

“Que todos los mexicanos sepan por qué nos conviene la reforma constitucional, por qué le conviene al pueblo. Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó que en el periodo neoliberal se intentó debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa sin fines de lucro, para favorecer a particulares.

Afirmó que el país no está cerrado a la inversión extranjera, sin embargo, quedará estipulado en la ley que todo negocio deberá llevarse a cabo con ganancias razonables.

“Si no se hace la reforma a la Constitución, estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico”.

El jefe del Ejecutivo dijo a las y los legisladores que, a diferencia de los tiempos anteriores, esta reforma no estará sujeta a negociaciones y tampoco habrá anonimato en las votaciones.

“Este es un asunto de interés público. La vida pública tiene que ser más pública”, destacó el mandatario desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, precisó que la reforma eléctrica consiste en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

Se propone en el artículo 25 que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo); no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva.

Explicó que en los artículos transitorios se establece que la CFE es un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad en el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad.

“La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado (…) para que se integre nuevamente la CFE como una sola empresa”.

Trabajarán en interconexión sus empresas: Generación, Distribución, Transmisión, Comercialización, Procura, entre otros.

Para apoyar su productividad y rentabilidad, existirán como subsidiarias sus filiales CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital.

A partir de la reforma “el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna”.

Detalló que la reforma propone que se eliminarán los contratos legados porque impactan severamente en las finanzas de la empresa. “También se cambiará el despacho de la electricidad: primero serán las hidroeléctricas porque constituyen la energía más limpia, constante y barata; en segundo lugar, la energía nuclear, seguido de la geotermia, las energías eólica y solar, el gas y el carbón”.

“Este nuevo despacho nos va a garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema y además nos ayuda con las tarifas eléctricas”.

El artículo 27 constitucional, en materia de transición energética, señala que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines.

El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Establecerá políticas públicas científicas, tecnológicas e industriales, el impulso de financiamiento y la planeación energética sustentable.

El artículo 28 habla de la seguridad energética. La CFE generará como mínimo el 54 por ciento y los privados el 46 por ciento; esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, mientras la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello, tarifas de la luz a un precio por debajo de la inflación.

La secretaria sostuvo que la energía eléctrica en el país es un asunto de seguridad nacional y un derecho humano.

“El presidente cada mes vigila que las tarifas no sean por arriba de la inflación para cuidar la economía familiar”, apuntó.

En cuanto a la protección del litio, la secretaria de Energía indicó que los artículos 25 y 28 constitucionales estipulan la nación sobre este mineral estratégico.

No se otorgarán concesiones y no constituirán un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva.

En el sexto transitorio se indica que las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y por las que se está explorando o explotando oro, plata, cobre y otros minerales, se conservarán en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, las concesiones no amparan la explotación y producción de litio.