Autoridades de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México iniciaron una investigación contra el alcalde de Miguel Hidalgo emanado de Acción Nacional (PAN), Mauricio Tabe Echartea. Lo anterior, por no haber comparecido ante el Congreso capitalino. 

El pasado 25 de mayo, el órgano interno de control de la demarcación abrió el expediente en el cual se llevan a cabo diversas diligencias. 

Esto, luego de que el panista se rehusó a comparecer conforme a las reglas aprobadas por las y los legisladores locales. 

De igual manera, las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública no han emitido el dictamen correspondiente para llamar al panista a cumplir con su obligación de comparecer. 

Cabe señalar que la investigación de la Contraloría se suma a la advertencia de Asuntos Jurídicos del Congreso local de posibles sanciones graves contra el alcalde, en caso de no cumplir con su obligación de comparecer.

El 19 de abril, Tabe únicamente rindió su informe, emitió una crítica al gobierno y abandonó el recinto sin escuchar los cuestionamientos de las y los diputados, que por regla debía responder.

El exdelegado y ex primer alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar, presentó este jueves una denuncia penal contra Xóchitl Gálvez por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. 

La denuncia fue interpuesta en conjunto con el abogado Gustavo García Arias, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). 

En entrevista para Aristegui en Vivo, Romo acusó que las empresas de Gálvez obtuvieron contratos millonarios con inmobiliarias cuando ella se desempeñaba como jefa delegacional de Miguel Hidalgo (2015-2018). 

En ese sentido, tanto Romo como Arias explicaron que la denuncia tiene que ver con el caso de los desarrollos inmobiliarios Marina Park, en la colonia Tacuba; y Distrito Polanco, ubicado sobre periférico. 

“Las manifestaciones de construcción se dieron en 2016 e inmediatamente después se da la publicitación vecinal. Ella gobernaba y dio los permisos“, acusó el exalcalde y añadió: “No hubo moche, pero sí hubo contrato a la empresa de Xóchitl por 70 millones de pesos de esos desarrollos inmobiliarios”.

Ambos dijeron contar con la evidencia de dicha cifra facturada por las compañías de la hoy aspirante a la candidatura presidencial de la oposición: OMEI y High Tech Services. 

Detallaron además que la ley establece que un servidor público debe excusarse cuando tiene algún interés económico en asuntos que debe atender. 

“Ella no promovió esto. No hay documentos que muestren que declaró el posible conflicto de interés”. 

Romo y Arias explicaron que al tratarse de presunto conflicto de interés, de acuerdo con la ley, la senadora de Acción Nacional (PAN) enfrentaría la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y prisión de 10 a 25 años.