Intervención de la FGR arriesga proceso en caso Ayotzinapa, advierte GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por Claudia Paz y Paz, Angélica María Buitrago, Francisco Cox y Carlos Beristain, advirtió que la intervención de la Fiscalía General de la República podría demorar la investigación del caso Ayotzinapa entre 3 y 5 años.

De igual manera, el GIEI calificó de lamentable la renuncia de Omar Gómez Trejo, hasta ahora titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). El grupo señaló que la renuncia se debió a indebidas intromisiones en su trabajo, pues con él también renunció un grupo de fiscales mujeres que también vio interrumpido su investigación, entre ellas la fiscal Tania Villa Matías. 

En conferencia de prensa dada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Carlos Beristain informó que el GIEI regresó al país en 2020 y en marzo de este año hizo pública una versión parcial de su tercer informe, pues aún existían procesos judiciales activos; sin embargo, una vez concluidos, hacen público el informe Ayotzinapa III.

Angélica María Buitrago denunció los cambios de los fiscales que llevan las órdenes de aprehensión y admitió que actualmente no tienen comunicación con Alejandro Gertz Moreno, titular de la Fiscalía General de la República.

Gracias a la cooperación del presidente Andrés Manuel López Obrador para proporcionar acceso a los informes hasta ahora clasificados, el GIEI corroboró que el crimen organizado estaba vinculado con parte de la fuerza pública y el Ejército mexicano.

De igual manera, gracias a los reportes hechos por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) se consolidó la vinculación de elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) con la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”.

Carlos Beristain, médico y doctor en psicología español, refirió que los puntos más importantes del informe Ayotzinapa III incluyen la desclasificación de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en especial videos, que revelan el seguimiento real dado a las actividades de los normalistas.

De igual manera, los videos y archivos proporcionados por la COVAJ dan cuenta de la relación directa de elementos del CISEN con la tortura de los normalistas, así como del personal de inteligencia matriculado en la Escuela Rural Normal Isidro Burgos que proporcionaba información continua. 

El integrante del GIEI subrayó que las llamadas del 4 y 5 de octubre mostrarían que parte de los jóvenes seguiría con vida en los días subsecuentes al 26 de septiembre.

Sin embargo, declaró que aún hay información que desconocen, como las acciones llevadas a cabo después de una reunión de altos mandos, coordinada por Tomás Zerón, denominada como war room.

Beristain mencionó que el punto clave para llegar a la verdad es romper el pacto de silencio. Gracias a información desclasificada provista por testigos protegidos ahora se sabe que no existió la llamada anónima del 25 de octubre que alertó sobre el basurero de Cocula, sino que elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) bajaron objetos y alteraron la escena al menos dos horas antes de que llegara Murillo Karam, entonces procurador de Justicia.

También se confirma que los jóvenes fueron separados en tres grupos a cargo de elementos del Ejército, la policía y el crimen organizado. Con base en la información de los testigos protegidos, se obtuvo el paradero del resto de dos jóvenes normalistas y se supo del pacto de cooperación entre Guerreros Unidos y corporaciones de seguridad.

Angélica María Buitrago, abogada de origen colombiano, refirió que tanto el GIEI como la COVAJ tuvieron acceso a más de 70 mil documentos gracias a la orden directa del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador, por lo que no hubo oposición. Sin embargo, destacó la negativa permanente de instituciones como la SEDENA y la SEMAR para clarificar la información obtenida.

La integrante del GIEI explicó que algunos de los documentos son transcripciones de los sistemas de inteligencia de los batallones 27, 41 y 50, pertenecientes a la Zona Militar 35.

Gracias al acceso a estos archivos se confirma la existencia de los procesos de intervención telefónica, el monitoreo de comunicaciones entre miembros de Guerreros Unidos y autoridades oficiales, así como las órdenes de interceptar a miembros ya establecidos de la organización criminal.

La abogada destacó el uso “indiscriminado” del sistema de seguimiento Pegasus para los monitoreos e insistió en la negativa de la SEDENA sobre estas actividades, al igual que la existencia del Centro Regional de Inteligencia Militar, perteneciente al batallón 27.

Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, refirió la importancia de la existencia del quinto autobús para la línea de investigación que liga los hechos ocurridos en Iguala con el trasiego de droga a Illinois, Chicago.

Paz y Paz destacó la continua aparición de José Martínez Crespo en las transcripciones de los mensajes enviados entre miembros de Guerreros Unidos y elementos del Ejército Nacional. De igual forma, destaca que en el informe hacen constar que un grupo de jóvenes fue llevado a barandillas, lo cual se contrapone con la declaración del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Francisco Cox Vial, abogado de origen chileno, reiteró la obstaculización del fiscal general Alejandro Gertz Moreno hacia la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala y que solo después de 83 órdenes de aprehensión se realizara una auditoría ordinaria que, sin embargo, se ha prorrogado tres veces. Denunció que el GIEI desconoce las razones de las peticiones de cancelación de 21 órdenes de aprehensión cuando varios de los imputados están relacionados al caso Iguala.

Cox Vial reconoció la integridad y ética de los participantes de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).

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Para finalizar, Carlos Beristain recordó a los familiares de los normalistas desaparecidos han sido “maltratados y revictimizados” no sólo por la “Verdad Histórica” que sostuvo Murillo Karam, sino por las versiones falsas y contradictorias que han escuchado por ocho años.

Con redacción de Tania Ávila