Secretaría de Seguridad atiende desabasto de agua en CEFERESO 17

Juan Becerra, periodista y conductor de Informe Capital, cuestionó sobre el abastecimiento del agua que se vive en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 17 “CPS” Michoacán ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán.

Hace unas semanas en Informe Capital, los conductores Azul Alzaga y Juan Becerra entrevistaron a Rafael Robles Roa, titular de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, y presentó una serie de acciones y amparos ante irregularidades sobre la falta de suministro de agua potable para alrededor de mil internos en el CEFERESO No. 17 “CPS” Michoacán.

Durante la conferencia matutina, que encabezó Olga Sánchez Cordero, Juan Becerra detalló que el reclusorio está operado por la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (PRODEMEX) y expuso que la Defensoría Federal tomó el caso por solicitud de uno de los internos a nombre de la población del centro penitenciario.

“A través de estos amparos se logró que en noviembre pasado una jueza de ejecución ordenara la restitución de manera inmediata del suministro de agua en el penal. A la fecha no está claro si están recibiendo, o no, los internos el líquido vital, un derecho fundamental, universal.”

Aclaró que, por un lado, las autoridades del penal afirman que están proporcionando agua potable a los internos, pero por el otro, el Instituto Federal de Defensoría Pública confirma lo contrario.

“Aquí el problema es que no se resuelve, parece que no se toma la responsabilidad, porque la autoridad del penal culpa a la empresa privada de incumplir un contrato que parece que no se está cumpliendo y que no se puede hacer cumplir.”

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respondió que esta denuncia pública que realizó la Defensoría se revisó con las autoridades de la SSPC y aseguró que el caso ya se encuentra solucionado.

“Se encontraron algunas anomalías efectivamente como decía en la denuncia, pero se solucionó, quedó solucionado el tema. Nosotros pedimos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para que no hubiera ninguna duda. Si no se hubiera solucionado tendríamos algo peor. Lo que le hemos pedido a las autoridades penitenciarias es que reporten las anomalías que se encuentren y en lo que se pueda apoyar rápidamente para atender, como es nuestro deber, esta falta de líquido en algún penal que se pueda dar”, expresó.

Con respecto a los contratos privados, la secretaria dio a conocer hace unas semanas sobre la existencia de ocho contratos de penales privados, de los cuales se ha pagado anualmente más de 75 mil 661 millones de pesos durante los últimos nueve años, por esto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una denuncia para cancelar estos contratos.

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En este mismo sentido, la secretaria argumentó que han tenido una serie de negociaciones con los representantes y aseguró que hay “buenas noticias” para llegar a un acuerdo económico.

“En segundo lugar, se han revisado los contratos a fondo aquí lo presentamos. Nosotros teníamos pocos días de haber llegado, hicimos una revisión y se presentó un resumen. Seguimos en la atención de esos contratos y esperamos que, en breve tiempo, no quiero decir cuándo porque no depende todo de nosotros sino también de las empresas privadas podamos dar un resultado muy consistente y muy sólido sobre qué cosa es lo que estamos haciendo en esas negociaciones.

Tenemos buenas noticias con los que hemos estado negociando, así que el Estado, el Gobierno de México, va a tener unos ahorros importantes. Estamos seguros que van a ser utilizados en atención a problemáticas como las que usted refiere. Prefiero no decir un adelanto sino presentar un cuadro muy sólido con la información que resulte de estas negociaciones y aquí lo vamos a decir”.

“Como fue la instrucción del presidente de la República, no queremos contratos onerosos para la Hacienda Pública y tampoco que sean gravosos para la propia Secretaría.”

Juan Becerra cuestionó sobre la posibilidad para sancionar a las empresas en caso de que incumplan con los contratos.

“Sí hay posibilidad de rescindir el contrato, pero también de hacer sanciones penales y sobre todo de tipo económico. Estamos poniendo atención en varios de ellos, esperamos que no haya necesidad que sea el diálogo y que sea la negociación y que nos ayude a tener un buen final, un buen resultado”, respondió la secretaria.

DBA