Senado eleva a rango constitucional la Ley 3 de 3

La ley prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias

Este miércoles, 24 de mayo, el Senado de la República elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3, que impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.

Entre aplausos de legisladoras y de integrantes de colectivos feministas presentes en el recinto legislativo, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, formuló la declaratoria de constitucionalidad de esta ley, para de inmediato turnar el decreto al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y entrada en vigor. Asimismo, calificó la aprobación como “un hecho histórico y fundamental para el desarrollo” de la sociedad.

¿En qué casos aplica la Ley 3 de 3?

La Ley 3 de 3 prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.

También aplica para quienes tengan sentencias por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual. 

Asimismo, incluye los crímenes de: violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

“La 3 de 3 llegó para quedarse”, destacaron dos carteles que fueron colocados en la tribuna del Senado. “Para las mujeres es un día para celebrar”, expresaron algunos legisladores.“Ningún agresor al poder”, corearon los colectivos de mujeres presentes.

Cabe recordar que esta iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, fue aprobada el pasado 28 de abril en la Cámara de Diputados, sin embargo, debido a que se trata de una modificación a la Carta Magna, el dictamen también debía ser avalado por lo menos en 17 congresos locales antes del 1º de junio del año en curso para que pudiera ser aplicada en las próximas elecciones del 2024.

Fueron 23 las legislaturas locales que aprobaron el dictamen: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.