Funcionaria del CJF es investigada por contratos con García Luna por 71.6 mdd: UIF

Sonia Vargas Terreros, de la extinta Policía Federal, participó en la firma de contratos irregulares por 71 millones 600 mil dólares con empresas vinculadas a Genaro García Luna

Sonia Vargas Terreros, como directora de Recursos materiales de la extinta Policía Federal, junto con otros exfuncionarios, participó en la firma de contratos irregulares por 71 millones 600 mil dólares con empresas vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Así lo dio a conocer este lunes, 22 de mayo, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 

“Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos”.

En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal detalló que los contratos se suman a los entregados durante los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto al grupo delictivo de García Luna desde su paso por  la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

“Estamos aquí para dar a conocer las erogaciones que se hicieron, ya por servidor público, que firmó contrato con la trama corrupta de García Luna. Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos: el sexenio del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, y el sexenio que va del 2012 al 2018. El primero de ellos, que fue encabezado por Felipe Calderón ,y el segundo fue encabezado por el último Presidente anterior que tuvimos en nuestro país: Peña Nieto”, expuso.

La información se da a conocer luego de que el pasado viernes, 19 de mayo, el presidente López Obrador denunció públicamente que Norma Lucía Piña había incorporado a Vargas Terrero como titular de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); incluso cuestionó si esa contratación estaría vinculada con el fallo a favor de la esposa de García Luna.

Por estos hechos, la hoy funcionaria del CJF está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con otros seis exfuncionarios que participaron en la firma de dichos contratos con empresas vinculadas a García Luna.

Los otros funciones vinculados son:

• Rodrigo Esparza Cristero, comisionado de la Policía Federal Preventiva, señalado por contratos por 69 millones 100 mil dólares.
• Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal, contratos por 25 millones 875 mil dólares.
• Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico, contratos por 37 millones 875 mil dólares.
• Rafael Avilez, jefe de la División de Fuerzas Federales, contratos 2 millones 500 mil dólares.
• Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional, contratos por 2 millones 500 mil dólares.
• José Roberto Cardoso, director general de Recursos Materiales, contratos 12 millones de dólares.

“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande”, señaló Pablo Gómez, al tiempo que el Gobierno de México acudió a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentran una gran cantidad de estos bienes”.

Explicó que, de acuerdo con las leyes tanto de Estados Unidos, como del estado de Florida, las autoridades estatales tiene competencia para dar lugar a la demanda y para la restitución de bienes que son producto de operaciones ilícitas internacionales, “pero realizadas, invertidas, lavadas, drenadas en el estado de Florida”, abundó.

También recalcó que Vargas Terrero está entre los 15 funcionarios de las administraciones federales de Felipe Calderón y de Enrique Peña, así como el Gobierno de Miguel Mancera en la Ciudad de México, que “forman parte de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República”

Sobre los contratos entregados por NUNVAV, holding de García Luna operado por Mauricio Samuel Weinberg López y Israel Limban en Estados Unidos, Pablo Gómez agregó que “nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano. Creo que ya debió haber ocurrido eso, pero estamos insistiendo”.