Diputados aprueban prisión preventiva oficiosa por feminicidio

Con 266 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma diversos artículos de códigos y leyes en materia de prisión preventiva oficiosa por feminicidio.

Con esta reforma, se aprueba la armonización 9 leyes secundarias con el artículo 19 constitucional para aplicar la prisión preventiva oficiosa por los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, huachicoleo, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción.

La medida también se impondrá a los presuntos responsables de robo al transporte de carga y desaparición forzada de personas, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Con este proyecto de decreto se incrementa de 7 a 8 años de cárcel la pena máxima por portación de armas de fuego sin licencia, así como de 1 a 4 años de prisión la pena mínima por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. 

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado de Morena, Rubén Cayetano, destacó la necesidad de perfeccionar la legislación para combatir los delitos graves y la corrupción, además de agravar las penas para la portación de armas de fuego. 

“Podemos constatar que los anteriores delitos antes citados son de carácter grave y lesionan significativamente el tejido social impidiendo una correcta administración de justicia en favor de la sociedad mexicana”, señaló.

Por su parte, el legislador Marco Antonio Gómez Alcántara, de la bancada del Partido Verde Ecologista, afirmó que la reforma, además de adecuar cambios constitucionales sobre prisión preventiva oficiosa, construye un marco jurídico para formar un Estado de derecho donde la justicia sea una realidad.

La diputada Claudia Pérez, del grupo parlamentario de Morena, indicó que esta reforma en materia de prisión preventiva oficiosa no constituye una pena adelantada, sino una medida cautelar provisional para garantizar el desarrollo del juicio y el procedimiento penal.

Héctor Cruz, de Encuentro Social, dijo que esta reforma ayudará a consolidar la estrategia emprendida para el fortalecimiento del tejido social y el orden institucional, con el propósito de que todas las familias de México se desarrollen en un ambiente de bienestar.

Cabe señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar impuesta al imputado por un juez, la cual consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.