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Ministro suspende primera parte del Plan B para no aplicarlo en elecciones de Coahuila y Edomex

PAN, PRI, PRD, MC y miembros del Congreso de la Unión promovieron 7 acciones de inconstitucionalidad con las que se frenó el Plan B para las elecciones en ambas entidades

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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite las 7 acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador .

Las normas fueron impugnadas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como los miembros del Congreso de la Unión.

Al admitir a trámite dichas acciones de inconstitucionalidad, Pérez Dayán suspendió su entrada en vigor en Coahuila y el Estado de México, entidades donde ya inició el proceso electoral para elegir a los nuevos gobernadores.

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Además, el ministro consideró que la suspensión de las reformas no contraviene el interés público y de acuerdo con un comunicado que envió la Suprema Corte, aseguró que la reforma se promulgó durante el periodo de veda electoral, acción que está prohibida en la Constitución.

Añadió que de no concederse la suspensión, “su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”.

Cabe recordar que fue en diciembre de 2020 cuando fueron aprobadas la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos, con las que el presidente López Obrador propone establecer que los estados y municipios no pueden dedicar más del 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación.

Además, se modificó el concepto de propaganda gubernamental, permitiendo que los funcionarios públicos expresen opiniones durante el proceso electoral sin ser sancionados.

Asimismo, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) también señala que el gasto público en propaganda gubernamental se deberá apegar a la austeridad republicana que ha manejado el gobierno actual.

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