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Despilfarro y lujos en el INE: comidas, lavandería, psicólogo por COVID, renta de locales…

El pago de consultas psicológicas en caso de contraer COVID-19 figura entre los nuevos gastos que el INE pagará a sus consejeros

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La postura de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a la organización de la consulta ciudadana por la Revocación de Mandato sigue siendo rígida y plagada de pretextos, particularmente alegan que no les alcanza para cubrir los gastos de organización de la misma. 

El analista político Hernán Gómez Bruera apunta en su texto Nuevos casos de despilfarro y lujos en el INE (https://hernangomez.com.mx/nuevos-casos-de-despilfarro-y-lujos-en-el-ine/) que los consejeros del INE, encabezados por Lorenzo Córdova Vianello, tendrían más autoridad moral para respaldar su reclamos si sus gastos fueran mesurados, haciendo a un lado despilfarros en lujos y cuestiones personales, que ellos debieran pagar con su sueldo y no como parte de un presupuesto que sale del Instituto y en consecuencia del erario público.

Entre los despilfarro y lujos que señala Hernán Gómez figura que cada uno de los 11 consejeros del órgano electoral recibe una bolsa mensual de 722 mil pesos para asesores; tan sólo Lorenzo Córdova cuenta con 11, cinco de los cuales ganan más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En total hay 117 asesores para los consejeros.

Asimismo reitera que los consejeros también cuentan con un fondo de 143 mil pesos al año para comer fuera de las instalaciones del Instituto.

Menciona que entre los nuevos gastos que el INE debe pagar a sus consejeros, 

figura el pago de consultas psicológicas en caso de contraer COVID-19, privilegio que todos los mexicanos y mexicanas desearían tener. 

“En el contrato del INE con la aseguradora de 2019-2021, las consultas psicológicas solo incluían enfermedades graves, accidentes, sufrir un robo o un asalto. Para el 2022, los altos directivos plantean ampliar todavía más esta póliza para que incluya también coberturas psicológicas en caso de contraer Covid-19.  Es decir, que con nuestros impuestos se cubren “los daños psicológicos” que tengan los altos funcionarios del INE ante cualquier posible eventualidad”, se lee en la columna de Gómez Bruera

También cita una investigación de la periodista de Contralínea, Nancy Flores, (https://bit.ly/3HYWz6f ) en la que enlista otros gastos; apunta que en 2021 el INE erogó mil 228 millones de pesos en arrendamiento de edificios y locales, vehículos, bienes informáticos, maquinaria, equipos de comunicaciones e inmobiliario.

“Tan solo en concepto de “renta de vehículos”, el INE tuvo un gasto asignado de ¡373 millones de pesos!”. 

Por concepto de “difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales” el INE destinó 134 millones; por “servicios de lavandería, limpieza e higiene” se gastaron 95 millones y en “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria” se fueron otros 54 millones de pesos, enlista al investigación de Nancy Flores.

En su columna  “Un INE groseramente caro” (https://bit.ly/33orHNc) el periodista e investigador apunta que el INE podría revisar el sueldo de sus consejeros que, con todas las prestaciones, asciende a 263 mil pesos mensuales brutos, que además incluyen un seguro médico privado y otro de separación individualizada, que cuesta unos 270 millones de pesos anuales (https://bit.ly/3yc0aJ0 ). 

En el mismo texto recuerda que cuando este tema salió a la luz, solamente dos consejeros aceptaron devolver la mitad de su sueldo a la Tesorería, y que, para no avergonzar al resto, el INE ha ocultado en sucesivas solicitudes de transparencia.

También recordó que la mayoría de los consejeros del órgano electoral se ampara desde enero de 2019 para mantener sus ingresos, e incluso para incrementarlos. 

Las investigaciones de Hernán Gómez también enlistan que en bonos de productividad para el personal del Servicio Profesional Electoral (más de mil 827 trabajadores), el INE gastó en 2021 13 millones 184 mil pesos, según información proporcionada por la oficina de Comunicación Social del mismo Instituto.

También acusa que “en dos ocasiones –abril y junio– se le dio a todo el personal, salvo consejeros, dos bonos que duplicaron sus sueldos, para compensar la carga adicional de trabajo en el momento en que, paradójicamente, deben cumplir su principal razón de ser”, escribe Hernán.

Anteriormente, el periodista reveló, a través de una investigación propia, que entre 2019 y 2021, “la élite del INE se regaló una cobertura de seguros médicos privados que costó nada más que 253 millones 400 mil pesos”, un privilegio al que solamente tienen acceso “los altos puestos del Instituto, tales como los consejeros, sus asesores, directores de área, vocales de juntas distritales y otros puestos altos”. 

Aquí se puede consultar contrato del INE con la aseguradora: https://bit.ly/3Gico7z 

Los diversos textos del politólogo ponen de manifiesto que “cada día que pasa salen a la luz pública más gastos suntuosos del INE y se vuelve más evidente que el Instituto tiene de dónde sacar más recursos para llevar a cabo la revocación de mandato. 

“Si bien recortar gastos suntuarios no liberaría todo el presupuesto necesario para la consulta, apretarse el cinturón sí les daría autoridad moral para poder reclamar más”, concluye.

Cabe señalar que ayer miércoles, 12 de enero, en sesión extraordinaria de Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda una extensión de presupuesto de mil 738 millones de pesos, para con ello, supuestamente, hacer frente al déficit que asegura tiene llevar a cabo la organización de la Revocación de Mandato.

El proyecto señala que la Secretaría de Hacienda deberá notificar al INE, a más tardar el 31 de enero 2022, su decisión, toda vez que es necesario continuar con el proceso de organización del ejercicio de participación ciudadana para la Revocación de Mandato.

En una nueva revisión, el Instituto Electoral disminuyó a 3 mil 306 millones de pesos el costo de la consulta para la Revocación de Mandato. La propuesta inicial era de 3 mil 830 millones de pesos.

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