Noticias
Juicio a expresidentes: Ernesto Zedillo, ¿por qué juzgarlo?
El 1 de agosto el pueblo decidirá si se enjuicia a los expresidentes Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto.
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?, será la pregunta, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se hará al pueblo de México el próximo 1 de agosto, donde, de manera más clara, se decidirá si se inician procesos de investigación sobre posibles crímenes realizados durante su administración, a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
¿Por qué juzgar a Ernesto Zedillo?
Ernesto Zedillo Ponce de León fue el candidato presidencial sustituto tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien era el candidato oficial del PRI e inminente sucesor de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones de 1994.
En medio de un fuerte conflicto social tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a inicios del año de la sucesión, Zedillo comenzó su administración con una grave crisis económica que afectó los bolsillos de millones de familias mexicanas. Si bien la crisis puede ser atribuible a una mezcla de manejos y decisiones entre la administración de Salinas de Gortari y la de su sucesor, Zedillo tomó una decisión que a la fecha sigue impactando en las finanzas nacionales: el uso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).
Creado en 1990 supuestamente como una especie de seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores, el FOBRAPROA fue activado tras el “error de diciembre de 1994”, que derivó en una crisis económica que provocó la quiebra de 14 de 18 bancos que operaban en el país.
El FOBRAPROA, un fondo que funcionaría para solventar la falta de liquidez bancaria en caso de una crisis financiera, supuso una deuda de 552 mil millones de pesos contraída por el gobierno federal, y que, según especialistas, terminará de pagarse aproximadamente en 2070.
La deuda impactó en las familias mexicanas toda vez que ésta se convirtió en deuda pública en 1999; el FOBAPROA representó el 11% del Producto Interno Bruto y actualmente restan por pagar poco menos de 900 mil 856 millones de pesos, por los intereses generados.
La deuda pública garantizó que algunos bancos se salvaran de la quiebra, pero no sólo eso, los dueños de los bancos utilizaron dichos recursos para financiar préstamos millonarios a empresas de su propiedad, como el dueño de Banpaís, Ángel Rodríguez, quien se autoprestó 800 millones de dólares de aquella época. En 1998 sería detenido en Mayorca, España.
Caso similar al de Jorge Lankenau, director general de Banca Confía, quien estuvo preso de 1997 a 2005 por los delitos de evasión fiscal y fraude por desvíos realizados a paraísos fiscales por 170 millones de pesos.
La Matanza de Acteal
En su texto “Matanza de Acteal, Chiapas”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la organización destaca que tras el levantamiento simbólico del EZLN, el gobierno mexicano creó y fortaleció grupos paramilitares como parte de las políticas de Estado para enfrentar a las comunidades indígenas que reclamaban su reconocimiento.
En ese contexto, el 22 de diciembre de 1997 una incursión paramilitar en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, derivó en robos a casas, desapariciones y asesinatos de indígenas de la localidad.
45 indígenas tzotziles fueron asesinadas y asesinados por el grupo paramilitar. 18 mujeres, cuatro de ellas embarazadas; 16 niñas; cuatro niños y 17 hombres ultimados con balazos por la espalda, golpes y heridas de objetos punzocortantes. Según testimonios, el ejército y la policía local decidieron deliberadamente no intervenir en resguardo de la comunidad, a pesar de su corta distancia con el lugar de los hechos.
En 2011, 11 víctimas de la Matanza de Acteal presentaron una demanda civil contra Ernesto Zedillo, en una corte de Estados Unidos, acusado, en función de su responsabilidad de mando -el presidente de México es a su vez comandante supremo de las Fuerzas Armadas-, por ordenar, participar y conspirar en los hechos del 22 de diciembre de 1997, misma que fue desechada en 2014.