Diputados avalan reforma eléctrica presentada por AMLO; la turnan al Senado

Después de 15 horas y una fuerte protestas con pancartas en la tribuna del pleno, la Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular, el dictamen de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 289 votos a favor de Morena, PT y PES, contra 152 en contra del PAN, PRI, PRD, MC y Verde, así como una abstención, fue que a las 4:57 de la madrugada de este miércoles se aprobó la Ley Eléctrica, la cual ya fue enviada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Con esta contrarreforma (a la del gobierno de Enrique Peña Nieto) se busca dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre los generadores privados para alimentar del sistema eléctrico nacional, y remover a los particulares en la generación y distribución de energía eléctrica.

A lo largo de la discusión fueron rechazadas poco más de 400 reservas que presentaron diputados del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. 

Apenas ayer martes, a las 17:47, se aprobó en lo general esta reforma de ley, votación que dio como resultado 304 votos a favor por parte de Morena, en contra 179 votos del PAN, PRI, PRD, MC y Verde; y cuatro abstenciones.

De acuerdo a este dictamen, el despacho de las centrales eléctricas coloca en primer lugar a las plantas hidroeléctricas de la CFE, seguidas por la nuclear, geotérmicas y termoeléctricas de la empresa pública, las eólicas y solares de inversionistas privados pasarían a tercer lugar, y hasta el final quedarán las de ciclo combinado propiedad de particulares. 

Además, de aprobarse por el Senado, la reforma obligará a la Comisión Reguladora de Energía a invalidar los permisos de autoabastecimiento obtenidos, en su caso, mediante “fraude a la ley”. 

Asimismo, los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica establecidos con productores independientes deberán contar con aprobación para garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal.