Día Mundial de los Refugiados

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Actualmente la cifra de desplazados forzosos asciende a 65,6 millones.

El 4 de diciembre del año 2000 se decidió que el 20 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, de acuerdo con la resolución 55/76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo. De esta manera se hizo coincidir la fecha con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Ahora, cada 20 de junio, se conmemora la fuerza, valor y perseverancia de los refugiados. Actualmente 65,6 millones de personas viven lejos de sus hogares, por lo cual, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó en junio de 2016 la campaña #ConLosRefugiados para pedir a los gobiernos que colaboren y cumplan con su deber en relación a esta problemática.

Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

La Convención de 1951, que define quién es un refugiado, contiene una serie de sus derechos y también pone de relieve sus obligaciones hacia el país de acogida. La piedra angular de la Convención es el principio de no devolución. De acuerdo con este principio, un refugiado no debe ser devuelto a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.

Aunque esta protección no puede reclamarse por los refugiados que están considerados un peligro razonable para la seguridad del país, que hayan sido condenados por un delito particularmente grave o que se consideren un peligro para la comunidad.

 

Los derechos contenidos en la Convención de 1951 incluyen:

  • No ser expulsado, excepto bajo ciertas condiciones estrictamente definidas.
  • No ser castigado por entrada ilegal en el territorio de un Estado contratante.
  • El acceso a un empleo remunerado, vivienda, educación pública, asistencia pública y tribunales.
  • Libertad de religión y circulación dentro del territorio.
  • Emitir documentos de identidad y de viaje.